Resumen: Se declara que el proceso de incapacidad temporal de la demandante, que presta servicios en un Centro de Salud, deriva de enfermedad profesional porque se originó por su contagio con coronavirus. Se aplica el artículo 6 de Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, que señala que el contagio de este personal determina las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional. Ello lleva consigo que se desestime el recurso que solicitaba que la contingencia sea derivada de accidente de trabajo.
Resumen: La sentencia de apelación revoca la sentencia de instancia y desestima la demanda en reclamación por la entidad actora del crédito del que era cesionaria ,derivado del de contrato de préstamo concertado por la parte demandada. Argumenta la Sala en síntesis que no existe vulneración de lo establecido sobre aportación de documentos en el el articulo 270 y concordantes de la LEC ya que es el propio apelante, deudor en el juicio monitorio y demandado en el posterior juicio verbal, quien introduce en el proceso la excepción de prescripción frente a la reclamación formulada contra él, de modo que la demandante no tiene otro momento procesal para rebatir dicha excepción que aprovechar el trámite conferido legalmente para presentar escrito de impugnación a la oposición, adjuntando al efecto la documentación que entienda conveniente como justificativa de su oposición Procede la estimación de la excepción de prescripción de la acción ejercitada y la desestimación de la demanda, toda vez que consta en la solicitud del contrato de préstamo del que dimana la presente reclamación, aportado por la demandante con su escrito de petición de monitorio, cual era domicilio del demandado por lo que no cabe apreciar el efecto interruptor de la prescripción a dicha petición monitoria ya que la demandante conocía de antemano al presentar la misma que la incompetencia territorial, era patente y manifiesta.
Resumen: En un procedimiento para la protección del titular de un derecho real inscrito, la Audiencia comienza recordando los requisitos para el triunfo de esa pretensión. La primera de ellas es la titularidad registral del demandado. Que existía a la fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, se perpetúa como consecuencia de la perpetuatio iurisdictionis. Respecto a la suspensión del procedimiento por vulnerabilidad del ocupante, en el momento de iniciarse el procedimiento únicamente estaba prevista para los desahucios por falta de pago y expiración del plazo. La nueva ley 12/2023 no introduce ninguna norma temporal que afecte a este procedimiento incoado antes de su entrada en vigor. Lo que sí contempla es la suspensión de los lanzamientos como consecuencia de la legislación COVID para desahucios por falta de pago, expiración del plazo y precarios. Pero no se refiere a la suspensión del procedimiento. En cuanto a la oferta de un alquiler social por parte de grandes tenedores, se consideró que no constituía requisito de procedibilidad para admitir la demanda.
Resumen: La resolución de instancia, aun reflejando datos relativos a la resolución de la Entidad demandada de 31/5/2021, atinente a la pretensión del actor de que se le reconociese un grado de discapacidad en un porcentaje mínimo del 33 %, no entra a valorar la prueba practicada sino que, después de señalar que no se ha realizado entrevista personal, declara la nulidad de la resolución administrativa. Considera la Sala que la actuación del EVO no se desvirtúa por la circunstancia de que se hubiera realizado en régimen de no presencialidad pues la situación de pandemia, si aun se estaba superando el momento álgido de la misma, y las restricciones sanitarias, no avalan la decisión de la Juzgadora de instancia relativa a la nulidad de la actuación administrativa. No se omitió el trámite de reconocimiento médico aunque no se practicase de forma presencial, pues la parte pudo, y así lo hizo, interponer demanda dando lugar al correspondiente proceso, en el que ha podido articular sus alegatos en pro de sus derecho. Dada, además, la invocación que se efectúa en el recurso de normas procesales, denunciando la infracción de las mismas, lo correcto sería amparar sus pretensiones en el apartado a) del art. 193 LRJS, a lo que induce, asimismo, la pretensión que efectúa en el suplico del recurso, pues la revocación de la sentencia ha de operar, no para desestimar, en este momento procesal, la demanda sino para la reposiciión de los autos al momento de dictar sentencia.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar la condena de los demandados a realizar la insonorización de su vivienda para evitar inmisiones acústicas, y también desestimó la reconvención formulada para solicitar protección del derecho al honor. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia recurrida y acordó estimar la demanda y la reconvención: condena al demandado a realizar el aislamiento acústico para evitar inmisiones y a evitarlas, con prohibición de tocar el piano mientras no se lleve a cabo el adecuado aislamiento, y declara vulnerado el derecho al honor del reconvenido, condenando a uno de los codemandados a indemnizar por daño moral. Expone el tribunal tanto los criterios jurisprudenciales sobre inmisiones acústicas como los criterios sobre delimitación del derecho al honor. Sobre los parámetros establecidos por la jurisprudencia, el tribunal valora los datos fácticos y considera que se producen inmisiones excesivas por ruido y que los insultos proferidos por el codemandado vulneran el derecho al honor.
Resumen: La actora realizaba una actividad profesional por cuenta propia en la que cesó por la declaración del estado de alarma, siéndole reconocida prestación extraordinaria de cese de actividad desde el 14.3.2020 al 30.6.2020. A la solicitante también se le reconoció la prestación por desempleo derivado del Erte de la empresa para la que trabajaba por cuenta ajena por el periodo de 14.3.2020 a 30.6.2020. Para que las dos prestaciones sean compatibles se exigen claramente dos requisitos, una que ya se viniera percibiendo, es decir se trataría de una reanudación de prestación ya reconocida con anterioridad, que no es el caso, y, otra, que fuera compatible, además, con el desempeño de la actividad de autónoma que desarrollaba, lo que tampoco acontece, haciendo que ambas prestaciones reconocidas a la demandante sean incompatibles.
